El general González y González dijo que no sabía que a pocos metros del cuartel de la PN en Baní operaba un punto de venta de drogas, que según el Senador Guerrero, es custodiado por un hombre armado y cuenta con el encumbramiento de agentes policiales.
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| Desde la izquierda, Wilton Guerrero, Guillermo Guzmán Fermín, Ramón Aquino García y Radhamés Jiménez. |
| César de la Cruz/Clave Digital. |
“El pueblo de Baní difiere de las acusaciones del Senador, por eso yo tengo mi mente tranquila”, manifestó.
Señaló a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) como la llamada a proceder frente a casos de narcotráfico, y no la PN. Añadió que sus agentes siempre han estado al servicio del cuerpo antinarcóticos.
Informó que en un año de gestión al frente de la fortaleza de Baní, se han apresado 165 personas por narcotráfico durante los operativos que realizan.
El general dio estas declaraciones, luego de reunirse por cerca de cuatro horas con el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña; el secretario de las Fuerzas Armadas, general Ramón Aquino García; y el jefe de la Polícía Nacional, general Rafael Guillermo Guzmán Fermín; estos tres últimos, miembros de la comisión designada por el presidente Fernández para dar seguimiento a la investigación de la matanza de narcotraficantes ocurrida en Paya, Baní, el pasado martes día 5, en cual fueron acribillados a tiros 7 hombres, y un octavo logró sobrevivir con heridas.
Este lunes, el senador Wilton Guerrero dijo que varias ocasiones visitó al procurador general de la República, al secretario de Interior y Policía, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, al ex jefe de la Policía Nacional, junto a dirigentes y líderes de organizaciones civiles de Peravia, para denunciar la ola de violencia, de criminalidad, prostitución y el auge de las actividades ligadas al narcotráfico.
“Yo no era senador y mi esposa Nelly Melo se estaba juramentando, como gobernadora, y yo simplemente era miembro de un voluntariado que se formó en Baní, y dije que desde la fortaleza se dirigía una banda de asaltantes”, advirtió el legislador, quien expresó que a partir de esa fecha empezó a vivir una víacrucis en su campaña contra este mal.
Denunció que desde la fortaleza policial se dirigían bandas de asaltantes y atracadores que mantenían a la población en estado de zozobra e intranquilidad.
Ese mismo día inició junto a las organizaciones de la sociedad civil, un peregrinaje a los despachos de las distintas organizaciones en reclamo de que las autoridades adopten las medidas correspondientes.
El 20 de agosto de ese año, visitó al Procurador General de la República, Radhamés Jiménez y al magistrado Rodolfo Espiñeira Ceballos, a quienes se les fue entregado un voluminoso expediente que contenía una serie de denuncias sobre casos de mal manejo procesal, que implicaban faltas graves a la función del ministerio público.
También contenía graves denuncias sobre la “escandalosa conducta” de miembros del ministerio público.
“He presentado sólo una parte de las visitas y gestiones hechas por mí, acompañado casi siempre por honorables y distinguidos dirigentes y líderes de organizaciones de la sociedad de Peravia. He recogido solo las que he recordado pero tanto a mi como a esos líderes se nos han gastado las suelas de los zapatos solicitando, reclamando, implorando la adopción de medidas para devolverle la paz, la tranquilidad y el sosiego a la sociedad banileja”, expresó.
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